Llamó a la ciudadanía a participar en la consulta pública sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, al considerar que el proceso tiene implicaciones directas para la libertad de expresión y de prensa.
La presidenta de la Cámara de Diputados señaló que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de agosto en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, donde cualquier persona u organización podrá presentar comentarios y propuestas.
Advirtió que conceptos amplios como información falsa, descontextualizada, veraz u oportuna deben definirse con precisión, pues de lo contrario podrían utilizarse para que una autoridad administrativa revise contenidos periodísticos o imponga sanciones.
También pidió aclarar las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y los procedimientos para determinar multas, con el fin de evitar que la regulación genere autocensura o afecte la autonomía editorial de los medios.
López Rabadán sostuvo que la protección de las audiencias y la libertad de expresión deben avanzar de manera conjunta. Señaló que la democracia requiere medios libres, periodistas independientes y acceso a información plural.
En otro tema, respaldó la discusión nacional sobre el impacto de las redes sociales y las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes. Consideró necesario analizar límites al uso de teléfonos durante las jornadas escolares y responsabilidades para las empresas tecnológicas.
La legisladora destacó la experiencia de Querétaro, donde la llamada Ley Kuri busca proteger a la niñez frente a los riesgos del entorno digital. Afirmó que ese modelo puede aportar elementos para construir una legislación federal.
Respecto a la UNAM, consideró acertada la decisión de repetir de manera presencial el examen de ingreso para los estudiantes afectados y llamó a la Cámara de Diputados a fortalecer el presupuesto de la universidad para ampliar su matrícula.
Finalmente, se pronunció sobre la posible reelección de legisladores y afirmó que cualquier decisión partidista debe respetar la Constitución, las leyes electorales y la prohibición de utilizar recursos públicos con fines de promoción política.
